La Policía investiga si en la CNMV se cobraron «dádivas y prebendas»

La Policía investiga si en la CNMV se cobraron «dádivas y prebendas»
Hay dos denuncias de sendas firmas tras perder sus licencias con casi idénticos motivos
Cruz morcillo
Dos denuncias referidas a dos expedientes abiertos por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), uno iniciado en 2005 y otro en 2011 tras perder su licencia para operar en el mercado financiero dos firmas: Dracon Partners y Vetusta. Esas denuncias son las que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que ya ha elaborado un amplio informe en el que se concluye la «presunta existencia de un grupo organizado en la CNMV con el objeto de ejercer un control arbitrario fuera de la ley sobre todos los agentes regulados». El fin -continúa el documento-, «favorecer a unos y perjudicar a otros, con una finalidad de enriquecimiento injusto y la obtención de dádivas y prebendas».
Los agentes siguen la pista, por tanto, a una supuesta trama de corrupción en el seno de la CNMV, formada por algunos funcionarios que podrían haber cometido falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. Estos son los indicios de delito que se desprenden de las denuncias interpuestas por los administradores de las dos firmas citadas, la EAFI Dracon y la gestora de carteras Vetusta. Según las fuentes consultadas por ABC, la CNMV retiró la licencia a ambas utilizando argumentos similares en un 80%. Uno de esos argumentos es que sus dueños eran en realidad testaferros que trabajaban para otras personas, una grave acusación que no ha podido ser demostrada.
Fiscalía de la Audiencia
Los investigadores pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió unas diligencias una vez recibidos los informes de la UDEF. En ellos constan no sólo las denuncias de los dos perjudicados, sino también varias declaraciones de personal vinculado con los expedientes que fueron supuestamente alterados.
La Fiscalía acordó una serie de diligencias el mes pasado incluido el requerimiento de información a la CNMV para contrastar los expedientes con la documentación recabada por los policías. Esa petición se hizo a la presidenta de la Comisión, Elvira Rodríguez, según confirmó ayer en un comunicado la CNMV, en el que negó que se hubiera interrogado a la máxima responsable del organismo.
Fuentes policiales explicaron a ABC que, en efecto, no se tomó declaración a Rodríguez sino que se le reclamaron los expedientes por ser la presidenta y recordaron que la «operación Parqué» no ha sido aún judicializada al encontrarse en fase preliminar. «No hay ningún imputado de momento, aunque se está investigando si algunos funcionarios y exmiembros de la CNMV han tenido algún enriquecimiento injustificado», señalaron las fuentes consultadas. Según «El Español», son cinco los altos cargos de la Comisión bajo sospecha que habrían concedido o revocado licencias a cambio de sobornos.
Los agentes se están centrando en averiguar si hay más casos como los dos denunciados -que no hayan acudido a la Policía- y si con las concesiones y revocaciones se han visto beneficiadas terceras empresas, competidoras directas en el sector. Según los propios denunciantes, parte de su cartera de clientes acabó en Renta4.
Una de las denunciantes, la administradora de Dracon, explicó que en una reunión en la sede de la CNMV le ofrecieron renunciar voluntariamente a la licencia para proteger su «riesgo reputacional».
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